El coordinador de la Comisión Ambiental de la Primada de América, maestro Luis Carvajal, y el presidente de la ACRD, doctor Luis Scheker Ortiz, presentaron este martes la posición de ambas entidades durante una rueda de prensa realizada en esta última institución, en su local de la calle Las Damas, en la Zona Colonial.

Explicaron que la razón de ser del Decreto 371-11 fue honrar la memoria de Tavárez Justo y  conservar algunos de los bosques mejor cuidados que tiene la isla, donde discurren fuentes acuíferas que alojan una gran riqueza biológica.

Estimaron que desde la promulgación del Decreto algunos sectores económicamente más influyentes han estado incidiendo para que el mismo fuera derogado o atacado por la vía constitucional, con el propósito de explorar la zona a través de planes de aprovechamiento forestal, en la cual se cortarían miles de árboles y para poder avanzar con el proyecto de extracción minera.

Afirmaron que el Tribunal Constitucional fundamentó la sentencia en “consideraciones aviesamente falsas”, sin hacer una investigación “in situ” como lo ha hecho la Academia de Ciencias.

“Con esta sentencia se eleva la vulnerabilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se demuestra que sectores tan poderosos son capaces de mover hasta las medidas más insospechadas para obtener resultados que beneficien sus intereses, lo que es contrario a la Constitución de la República, en el capítulo IV, sobre los Recursos Naturales”, añadieron.

Sostuvieron que corresponde a los poderes públicos actuar de inmediato para restituir con la premura que las magnitudes de las consecuencias previsibles requieren, la protección de un área tan vital para la producción de agua, alimento y estabilidad climática para la región noroeste, el país y toda la isla.