La petición fue formulada por la máxima autoridad de la Primada de América durante una conferencia de prensa ofrecida en el Salón del Consejo Universitario, donde estuvo acompañado por otros altos funcionarios académicos y administrativos.

Grullón Fernández reveló que la asignación presupuestaria de la UASD se ha mantenido prácticamente igual durante los últimos dos años de seis mil 700 millones de pesos, por lo cual ha acumulado un gran déficit, lo que le impide cumplir con las demandas de los uasdianos.

Asimismo, explicó que el presupuesto solicitado al Gobierno será destinado a la construcción y reparación de instalaciones, adquisición de equipos y materiales, la contratación de profesores, mejoría de los servicios bibliográficos, mejorar la plataforma tecnológica y el pago de deudas y nómina.

También, reiteró el Rector que en su gestión no se permitirá que personas cobren sin trabajar y aseguró que lleva a cabo un proceso de saneamiento, al tiempo de garantizar que la academia permanecerá abierta, por el bienestar de las clases menos pudientes del país.

Enfatizó que un importante segmento de la población estudiantil del país estudia en la UASD (en el Distrito Nacional como en los recintos, centros y subcentros), así como el incremento de 16 mil nuevos alumnos que experimentó su matrícula en este semestre, lo cual confirma la confianza y alta credibilidad de esa Primera Universidad del Nuevo Mundo.

Grullón Fernández dijo que la baja asignación económica que recibe esa institución ha perjudicado y menoscabado sus operaciones, con la tendencia a la agudización, lo cual se comprueba al analizar la relación inversa que se da entre el incremento de sus actividades académicas y los presupuestos ejecutados.

Señaló que desde el 1961 el Estado Dominicano incumple con las disposiciones legislativas vigentes en lo que respecta a la inversión en la educación superior en el país y viola nuestra Carta Magna, en la cual se dispone que la instrucción es un derecho fundamental inherente a la persona humana.

Citó el máximo ejecutivo que la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología responsabiliza al Estado de mejorar, flexibilizar y transformar la gestión de las instituciones de educación universitaria; al adoptar políticas de financiamiento que garanticen el acceso, la equidad y solidaridad en la distribución de los beneficios derivados de la formación superior.

Finalmente, señaló el rector que a partir del jueves 17 de septiembre se pondrá en circulación un documento público donde se explican las causas de esa solicitud, y con el cual se inicia una jornada de lucha, que durará todo el mes de octubre del presente año.

Acompañaron al Rector en esa actividad los vicerrectores Editrudis Beltrán, Administrativo; y Francisco Vegazo, de Investigación y Postgrado; el secretario general, Héctor Luis Martínez y los técnicos de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI).