Dijo que el  Pacto Eléctrico debe contemplar  además,   la justa competencia en el mercado eléctrico,  la protección de los consumidores y la reducción de tarifas del servicio eléctrico  en un rango de 30 a un 35 por ciento,  a partir de un mecanismo de fijación de precio eficiente en base a costos reales.

El máximo ejecutivo planteó la necesidad de definir los proyectos, planes e iniciativas, los cuales consideró que deben hacerse estrictamente a lo establecido en la ley de energía  y bajo el papel protagónico de la Comisión Nacional de Energía,  y el seguimiento de un mecanismo de Veeduría Social e Institucional, que corrija radicalmente las distorsiones recurrentes en la violación de la referida ley.

Sugirió la revisión de  contrato por contrato  y para tales fines que se forme el “Grupo Técnico Negociador” cuya responsabilidad es cumplir esta tarea en un período no mayor de un año,  orientado en  reducir los  costos mínimos a los precios finales y brindar mayor eficiencia, especialmente en los contratos  de corto plazo intervenidos por las empresas eléctricas y la Corporación de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE), no previstos  en la ley.

Subrayó Mateo Aquino Febrillet que este Grupo debe estar integrados por profesionales sin vínculos con negocios particulares del área eléctrica y que el Sistema Eléctrico Nacional,  SIE,  asuma la responsabilidad de supervisar la ejecución de cada una de las negociaciones que se realicen con las edes por contrato.

Asimismo, abogó por la creación de un Comité Nacional de Vigilancia y Contraloría Social del sector eléctrico que tenga la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los acuerdos para la implementación del pacto, cuyos miembros de ese organismo  deben ser recomendados por los gremios profesionales y seleccionados en una asamblea general representativa de cada uno de los sectores sociales (ongs, organizaciones sindicales y populares).

Refirió la necesidad  de la elaboración de un plan de expansión  que privilegie la mejor capacidad técnica nacional disponible, así como la celebración  de un concurso debidamente licitado de una o más empresas consultoras de calidad mundial  con antecedentes en el país y sin vínculos comerciales con inversionistas en el mercado dominicano eléctrico.

Estas propuestas sobre el pacto eléctrico es el resultado de los encuentros  con profesionales del área de energía  que organizó el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD.