La audiencia tuvo efecto el pasado sábado 18 de marzo, con la presencia y representación de organizaciones de la sociedad civil, procedentes de Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, abordando concretamente el“Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América”.

Dentro de las organizaciones que suscribieron la instancia de sometimiento ante laComisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH),se destacan del país la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD y su Observatorio de Políticas Públicas, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), además de otras entidades procedentes de Perú, Nicaragua, Guatemala, con la asistencia delDue Process of Law Foundation (DPLF), de Washington.

Correspondió al Dr. Antonio Medina decano de ciencias jurídicas de la UASD, el encabezar la delegación dominicana y presentar en nombre de los países peticionarios las conclusiones y pedimentos finales, destacando entre otros aspectos, el que la CIDH visite el país y verifique como testigo de excepción los hechos denunciados;el propiciar unespacio de diálogo que permita a víctimas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y al Estado, superar las falencias y escollos, además de fomentar acciones que garanticen el acceso a la información y la transparencia; así como el desarrollar estándares específicos, relacionados con el acceso a la información en materia ambiental y social en el ámbito extractivo, a través de un informe temático elaborado en consulta con el estado y las partes interesadas, el procurar la revisión del contrato con la Barrick Gold y la observación rigurosa de la constitución y otras normas nacionales e internacionales sobre la materia.

Otras consideraciones presentadas en la audiencia para el caso dominicano versaron sobre la inconstitucionalidad del contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la Barrick Gold, poniendo de manifiesto violaciones recurrentes y reiterativas en la industria extractiva, evidenciados en las cláusulas de confidencialidad, las cuales generan mucha discrecionalidad y poca transparencia en el acceso y manejo de la información extractiva, el pasivo medioambiental sin remediar, la violación al derecho a la salud, las expropiaciones de terreno con vocación minera sin el pago correspondiente, la explotación a cielo abierto con cianuro residual y otras sustancias peligrosas, el envenenamiento de las aguas y ríos, el desplazamiento de comunidades por las devastaciones de la flora y la fauna, la prevalencia de diversas enfermedades y cáncer de la piel, entre otros daños.

La audiencia tuvo una duración de 45 minutos y estuvo dirigida por los comisionados de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y James L. Cavallaro, en compañía del relator especial para la libertad de expresión, Erson Lanza, quienes intercambiaron impresiones con las entidades peticionarias, al tiempo de tomar conocimiento de la denuncia, ponderando su contenido e importancia, prometiendo además, que harán todo lo necesario para garantizar la protección de los derechos de los derechos humanos de las comunidades afectadas.

La delegación dominicana desarrollo en Washington una intensa agenda de trabajo, con reuniones dirigidas a concientizar a la comunidad internacional sobre la situación que vive el país con las industrias extractivas, también integraron la delegación, Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quien tuvo a su cargo la presentación del contexto general en el país sobre minería canadiense  y por Bienvenido Mejía, representante de la fundación GEMA energía y medio ambiente, quien también hizo uso de la palabra exponiendo ante los comisionados el drama humano y social que viven los moradores de Cotui con la Barrick Gold.