El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Antonio Medina Calcaño, y el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, doctor Francisco Abréu Espinal, leyeron el documento de la Coalición de los Derechos y la Vida de las Mujeres, integrada por más de 60 entidades nacionales e internacionales, ante la amenaza y preocupación de penalizar la interrupción del embarazo en circunstancias especiales.

Medina Calcaño expresó que la ilegalidad en la que se mantiene la interrupción del embarazo atenta contra los derechos de las mujeres, en especial el derecho a la salud y recordó que el país es uno de los que tiene más alto índice de mortalidad materna en la región y lo ha mantenido en las últimas décadas.

Enfatizó que el Senado puede y debe atender las recomendaciones del presidente Danilo Medina, al legislar a favor de las tres causales.

De su lado, Abréu Espinal dijo que la penalización total es un serio problema de salud pública que el Estado debe afrontar con responsabilidad, como lo ha hecho la inmensa mayoría de las sociedades democráticas.

Argumentó que los partidos políticos y la sociedad en general deben reconocer la importancia que en materia de derechos humanos tiene el establecimiento de un régimen legal que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando las circunstancias lo requieran, a fin de preservar su salud física y mental y su dignidad.

Destacó que el embarazo en adolescentes en el país supera el 20 por ciento de todas las parturientas, lo que es otro factor negativo, que muchas veces termina cobrando la vida de las más jóvenes, que en un 61.4 % pertenecen a los dos quintales más pobres.

Ambos ejecutivos plantearon la necesidad de que los senadores enmienden el error cometido por la mayoría de los diputados, quienes aprobaron el nuevo Código Penal, que condena la interrupción del embarazo en todas sus variables.

Dijeron que debe despenalizarse la interrupción del embarazo en los casos en que peligre la vida de la madre, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida.

Finalmente, expresaron que los Poderes Públicos hagan todo lo que esté a su alcance para avanzar en dirección a la eliminación de la alta tasa de morbi-mortalidad materna, a conveniencia del país, de la salud y la vida de las mujeres, a través de la inclusión en el Código Penal un artículo que diga:

“No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, en los casos en que peligre la vida de la gestante, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida”.

La Coalición

La Coalición de los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por más de 60 organizaciones nacionales y organismos internacionales que buscan promover el derecho a la salud sexual reproductiva de las mujeres dominicanas y sus familias.