Los resultados del Concurso de Oposición Docente del 2015 cuestionarían la formación de los egresados de las facultades y escuelas de pedagogía de nuestras universidades. Somos de opinión de que antes de emprender los correctivos de lugar debemos de establecer el grado de fiabilidad y validez del examen utilizado en dicho evento con el propósito de saber, a ciencia cierta, cuál es su grado de precisión, y hasta qué punto podemos pronosticar, mediante la aplicación de ese instrumento, la capacidad y eficiencia de un individuo en el ejercicio docente.
En las mesas de discusiones del Pacto Nacional para la Reforma Educativa todos los participantes en dichos eventos estuvimos de acuerdo en que las facultades y escuelas de educación de nuestras universidades debían elaborar nuevos perfiles de sus egresados, revisar sus planes de estudios y sus políticas de admisión. Pero, no logramos arribar a un consenso en lo relativo a la forma y manera de hacerlo. Urge el que lo intentemos de nuevo, tomando muy en cuenta que los grados de licenciados, maestros y doctores son otorgados por las universidades y por los institutos superiores, y que es en los claustros de esas instituciones donde residen las personas más calificadas en la materia. Nuestras universidades son autónomas; algunas, como la UASD y la PUCMM, disfrutan de autonomía plena a tenor con lo contemplado en el artículo No. 48 de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esas instituciones de educación superior pueden realizar importantes aportaciones, no sólo en materia de capacitación y formación docente, también, en lo referente al avance y progreso de la sociedad; claro está, siempre y cuando se les dote o puedan ellas mismas agenciarse los recursos económicos que se necesitan para tales fines.
El rector de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), doctor Ángel Hernández, en su enjundioso artículo “Evaluación de los Docentes y Sus Resultados” publicado en el periódico El Nacional, en su edición correspondiente al 8 de noviembre del mes en curso, propone, entre otras medidas, que las instituciones de educación superior revisen sus políticas de admisión y que evalúen permanentemente los aprendizajes de los docentes en formación. También, que evitemos el volver a cometer los errores del pasado, entre ellos, el hacer mucho más hincapié en los métodos de aprendizaje que en el contenido de las asignaturas. El prestante educador sostiene que los docentes son el principal activo con que cuenta el sistema dominicano de instrucción pública.
Nos permitimos sugerirle al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que junto a representativos y autoridades de las facultades y escuelas de educación de las universidades y demás instituciones de educación superior, proceda a organizar un Seminario Nacional para discutir las propuestas de políticas de formación y capacitación docente, de formulación de nuevos programas de estudios, y de todo lo referente a la elaboración de perfiles de egresados, tomado como referentes el modelo de planificación colectiva puesto en práctica con muy buenos resultados en la formulación del Plan Decenal de Educación 1993-2003 y en la discusión del Pacto Nacional para la Reforma de la Educación.