En esta fase inicial del Pacto resultaría prematuro formular juicios u opiniones sobre si las recomendaciones señaladas serán o no acatadas, y si se habrán de superar los obstáculos potenciales. Por lo que debemos de suscribirnos a analizar el contexto dinámico en que dicho proceso de reforma de la educación pública se está llevando a cabo. No obstante, creemos que, a pesar de las reservas expresadas por unos que otros comunicadores, dicho Acuerdo ha tenido un inicio esperanzador. El pesimismo de unos no ha logrado frenar el optimismo de muchos. Es que disponemos de evidencias estimulantes de un marcado compromiso de hacer que el Pacto llegue a feliz término de parte del presidente Danilo Medina, de sus ministros, y de todos nosotros, los participantes en la fase de discusión y concreción de dicho Acuerdo.

En el transcurso de los últimos 50 años, el país ha experimentado un espectacular crecimiento en el número de sus habitantes matriculados en instituciones de educación superior, pasando de menos de 4 mil estudiantes, en 1966, a más de 20 mil en 1970; y de esa última cifra, más de 100 mil en 1985. En la actualidad, según cifras oficiales, más de 330 mil dominicanos (plural genérico) cursan estudios en universidades y en otras instituciones de educación superior. Ese crecimiento representa un logro impresionante. El mismo ha beneficiado a miles y miles de jóvenes que no habrían tenido oportunidades similares una generación antes y al país en su conjunto. Varios factores han contribuido a que este fenómeno tuviera lugar: el derecho de cualquier dominicano calificado a acceder a la educación superior, garantizado en el Art. 63 de la Constitución de la República; el considerable aumento de estudiantes matriculados en el nivel medio; el espectacular aumento del número de mujeres matriculadas en instituciones de educación superior, que actualmente supera al de hombres; la introducción de nuevas áreas de estudios relacionadas a nuevas tecnologías y a sectores avanzados de la economía; la creciente tendencia de los empleadores a insistir en la exigencia de elevadas titulaciones académicas en las pruebas iniciales a solicitantes de empleos o puestos de trabajo de nivel intermedio o superior. Pero, debido a la negativa de los gobiernos que se sucedieron de no subsidiar la educación superior e acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen en la materia, no se pudo evitar que ese rápido crecimiento provocara graves problemas en lo que a calidad se refiere, así como desequilibrios que generaron conflictos difíciles de resolver.

Con el fin de democratizar el sistema elitista anteriormente existente y de alcanzar una mayor armonía entre los estudios universitarios y el mundo laboral, la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología amplió tanto el alcance como la diversidad de los estudios superiores y, de acuerdo a la naturaleza y a los objetivos que perseguían, clasificó las instituciones de educación superior en tres categorías: Institutos Técnicos de Estudios Superiores; Instituto Especializados de Estudios Superiores; y Universidades propiamente dichas. Pero, los que intervinimos en la formulación de dicho Edicto no previmos los desequilibrios que habrían de producirse.

Esperábamos que una mayoría cada vez mayor de estudiantes universitarios optara por carreras cortas impartidas en las propias universidades o en los institutos politécnicos, aliviando así la presión ejercida sobre l facultades tradicionales y ampliando la oferta nacional de profesionales y técnicos de grado medio o superior. Pero, no fue así.

Fuente: hoy.com.do