Por: EDYLBERTO CABRAL RAMÍREZ  Y MAYRA BREA JOSÉ

El gobierno dominicano logró transferir recursos que ayudaron en su momento a paliar la difícil situación de precariedades que vive la institución académica, mientras que las autoridades universitarias entregaron una lista de posibles carreras técnicas superiores que podrían implementarse utilizando la infraestructura física de la academia en el territorio nacional, con las cuales el país, además de brindar a la juventud un futuro mejor, lograría ahorrarse una cantidad enorme de recursos financieros.

Los representantes del gobierno han reconocido públicamente los aportes y las potencialidades de la UASD para contribuir a los planes nacionales de desarrollo. Se ha hecho un esfuerzo por estrechar los vínculos entre los distintos ministerios y la universidad. Los gremios, en una actitud de mucha madurez, a través de sus principales dirigentes, expresaron en aquel entonces su confianza en el diálogo como la vía más idónea para hacer conocer sus reclamos más prioritarios.
La última mesa de diálogo se realizó el 20 de julio, semanas antes del certamen electoral nacional.

Sin embargo, hay posiciones que deben ser esclarecidas en la próxima reunión, sobre todo, en torno a la asignación y el uso de los recursos financieros que recibe y son requeridos por la academia, en aras de consolidar unas relaciones más fructíferas y necesarias por el bien de la educación superior dominicana y del país.

La UASD llegó al diálogo en medio de una crisis económica que luce cada vez menos manejable. El aporte económico del gobierno ha quedado corto frente a la magnitud del déficit operativo de la institución.

La familia universitaria aspira a un presupuesto para el año 2017 que le permita cubrir holgadamente sus gastos operativos corrientes, reducir su deuda, reajustar los salarios nominales, que cuando menos compense las pérdidas en su capacidad adquisitiva, fruto de una inflación acumulada durante años.

Y finalmente, iniciar un modesto plan de inversiones reales muy precisas: construcciones, remodelaciones y equipamientos de aulas, laboratorios y bibliotecas, obras indispensables para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en la UASD en los próximos cuatro años.

El presupuesto a que aspira la academia podría estimarse en unos 15 mil millones de pesos. No es una cifra alta, vistas las penurias económicas de la universidad y el monto que establece la Ley 139-01, que resulta bien bajo, dado el tamaño que tendrá el presupuesto nacional para ese año venidero. Representaría apenas el 2,1% del presupuesto nacional.

Los intelectuales más reflexivos del país conciben perfectamente, que la causa principal del atraso de todo el sector educativo público dominicano radica básicamente en su bajo nivel de financiamiento, fruto de variadas estrategias y políticas aplicadas desde la Era de Trujillo y, sobre todo, en las últimas décadas, bajo las presiones, influencias y recomendaciones privatizadoras y elitistas de los representantes regionales y locales del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo más penoso del financiamiento a la UASD, considerablemente por debajo de los niveles de la práctica mundial y regional, es que se hace en abierto desafío al marco jurídico dominicano.

No se deben esperar otros cuatro años para comenzar a revertir una situación que será muy difícil de enfrentar, cuando la masa creciente de nuevos y mejores bachilleres, fruto del 4%, toque las puertas de la educación superior y que la única institución que podría recibirla, no esté preparada para ello.

Las autoridades de la academia también deben asumir un mayor compromiso, no sólo frente al gobierno sino frente a toda la sociedad dominicana, en cuanto al uso transparente y racional de los recursos económicos que recibe.

Fuente: elnacional.com.do