La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 establece en su capítulo número X que en el país deben articularse tres grandes pactos nacionales con el concurso de todos los sectores de la vida nacional y bajo la moderación del Consejo Económico y Social (CES),  siendo el objetivo fundamental generar una nueva mística en lo que respecta al papel que debe jugar el Estado en áreas tan vitales como la educativa, eléctrica y fiscal.

Entre los grandes pactos nacionales establecidos en ese instrumento legal, se encuentra  el pacto fiscal, que tiene la finalidad de financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo en la República Dominicana, mediante el establecimiento de reglas y normas para garantizar el cumplimiento de lo programado por parte de quienes dirigen los destinos de la nación.

La ley 1-12 promulgada el 25 de enero de 2012, otorgó un plazo de tres años, a partir de esa fecha, para que se iniciara la estructuración del Pacto Fiscal, mediante un proceso enfocado en " reducir la evasión fiscal,  elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, entre otros proyectos orientados a sanear las finanzas públicas”.

También, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos y elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

El directo de la Escuela de Economía de la UASD afirma que “desde el gobierno han soltado algunos destellos del camino que podrían tomar las discusiones para la concreción de ese mandato de la ley 1-12, y a grandes rasgos por el artículo 241 de la Constitución de la República, por lo que se han generado muchas expectativas en el seno de la población”.

Se desarrollan aprestos para aprovechar las discusiones que se producirán en el mes de septiembre en torno al Presupuesto General de la Nación, para iniciar los debates sobre el Pacto Fiscal.

La propuesta inicial del gobierno está enfocada, básicamente, a la revisión y readecuación de los gastos tributarios o exenciones fiscales, que de acuerdo a las estadísticas representan en este momento el 6.5% del PIB, equivalente a RD$ 212 mil millones.

Se procura que con la articulación de un “Pacto Fiscal”, se le suministren al Estado Dominicano recursos financieros suficientes, no sólo para cerrar la brecha fiscal, sino que le facilite cumplir con una serie de demandas provenientes de la sociedad.  Por eso, el “Pacto Fiscal” recibe el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la idea de que el mismo reúna los recursos necesarios para satisfacer las demandas de la sociedad dominicana.

 

Tabla No. 1 Leyes Especiales de Asignación Presupuestaria

Institución Destinataria	Base de calculo
Ministerio de Educación	4% del PIB o 16% del Gasto (el que sea mayor)
UASD	5% de los Recursos Internos
Ayuntamientos	10% del Fondo General
Partidos Políticos	0.25% o 0.50% del Fondo General según sea año electoral
Ministerio de la Juventud	1% de los Recursos Internos
Ministerio de Deportes	40% de la Recaudación de Bancas
Ministerio de Deportes	30% de la Recaudación de Tragamonedas
CONANI	20% del 30% Recaudación de Tragamonedas
CONANI	2% de los Recursos Internos
Ministerio de Estado de la Mujer	1% Licencia para porte Armas de Fuego
Ministerio de Turismo	50% Venta de Tarjetas Turísticas
Instituto del Tabaco	8% Impuesto Selectivo al Tabaco
CONALECHE	Importaciones de Lácteos (se da monto fijo)*
Junta Central Electoral	1.5% Recursos Internos
Congreso Nacional	3.10% del Fondo General
Poder Judicial	2.66% del Fondo General
Procuraduría General	1.44% del Fondo General
Cámara de Cuentas	0.30% del Fondo General
Dirección de Aduanas	4% de Sus Recaudaciones
Dirección de Impuestos Internos	2% de su Recaudación Efectiva
Dirección de Impuestos Internos	0.50% de su Recaudación Efectiva (Reembolsos)
Banco Central de la República Dominicana	Ley de Recapitalización del BCRD

Fuente: Elaboración  partir del Ministerio de Hacienda

 

La Escuela de Economía de la UASD considera que el pacto fiscal debe partir del consenso de los principales actores y grupos sociales a partir del proceso de discusión del que emerjan compromisos ampliamente consensuados sobre la  estructura impositiva del país, así como de la magnitud, composición y gestión del gasto público.

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, el 47% de las exenciones fiscales benefician directamente a personas físicas, por lo que su ajuste o supresión impactaría negativamente, en términos sociales. También las zonas francas industriales, la educación, la salud, minería, turismo, entre otros sectores, reciben un nivel significativo exenciones fiscales.

El director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, doctor Antonio Ciriaco, dijo que ese grueso volumen de exenciones se debe a que hay muchos sectores que no pagan Itbis, Impuesto Sobre la Renta, Arancel y tampoco Impuesto Selectivo al Consumo.

Aunque el gobierno ha manifestado que la mecánica que propone para la articulación del Pacto fiscal no implica la aplicación de nuevos impuestos, el reputado economista y profesor universitario lo define como un "eufemismo", ya que el quitar una exención es el equivalente a fijar un nuevo impuesto.

De acuerdo al doctor Ciriaco, la propuesta de la UASD es que se revise y se reorienten las exenciones, ya que es importante que se le mantenga el apoyo a los sectores que se dedican a la producción exportable con alto contenido tecnológico, al sector salud y a la industria alimenticia.

"En segundo lugar, la propuesta sugiere un aumento en el Impuesto Sobre la Renta para los sectores de altos ingresos y para aquellos que detentan dos o más propiedades suntuosas", expone.

En cuanto al gasto, el economista entiende que debe haber una profunda reestructuración, porque a su juicio la estructura  político-administrativa del país del país está extremadamente sobredimensionada.

"Estamos hablando de una extensión de 48 mil kilómetros cuadrados, con 32 provincias, 154 municipios y 232 distritos municipales, Ni China tiene esa estructura organizativa. En China hay 28 regiones", detalla. Datos confirmados en trabajo de la Oficina Nacional de Estadísticas, año 2012.

 

La propuesta del centro de altos estudios hace énfasis en que el Estado debe mejorar sus ingresos, sin afectar a los sectores de las capas más bajas de la población, pero también fortalecer la calidad del gasto público.

 

Es de la posición que la República Dominicana no resiste más parches fiscales, como históricamente ha acontecido a la hora de revisar la estructura impositiva, sino que debe haber un esfuerzo por parte del gobierno de revisar profundamente la forma en que se gastan los fondos públicos.

 

Tabla  No. 2 – La estructura fiscal de América Latina

Fuente: Elaborado a partir del documento “El futuro de los pactos fiscales en América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

"Yo creo que si vamos hacer una reforma que tenga legitimidad ante la población, entonces todas las partes que firmen tendrán que cumplir, porque a eso se le dará seguimiento. Así como hay grupos privados, no gubernamentales y del Estado que le dan seguimiento a lo que se gasta en educación, así mismo deben surgir grupos que le den seguimiento a lo del pacto fiscal", dijo.

Medidas y líneas de acción para mejorar los ingresos tributarios y eficientizar el gasto público

1-.Privilegiar cuatro (4) áreas para fortalecer los ingresos tributarios:

• Fortalecer los programas de lucha contra la evasión de impuestos, en especial el ITBIS.
• Establecer impuestos (verdes) a las exportaciones de actividades mineras (impuestos para recuperar y reparar daños ambientales).
• Ampliar los esfuerzos por simplificar el régimen y la administración tributaria.
• Racionalizar y orientar el otorgamiento de los gastos tributarios, sólo a sectores productivos que estén dirigidos a incrementar la oferta exportable del país.

2-.No gravar con el ITBIS  los artículos de la canasta básica familiar y los medicamentos.

3-.Profundizar procesos de modernización institucional y administrativa a fin de eliminar organismos públicos innecesarios, para reducir las partidas de gastos improductivos e ineficientes.

4-.Gravar los dividendos globales, tanto en efectivo como en acciones, a los accionistas de compañías.

5-.Gravar los ingresos  por concepto de rendimientos generados por instrumentos de renta fija y dividendos en valores aprobados por la Superintendencia de Valores y negociados a través de la Bolsa de Valores (Ley 19–00 sobre Mercado de Valores de República Dominicana y modificada por la Ley 92-04 que establece el programa de prevención al riesgo en instituciones financieras).