Yannerys Paulino/Leandro Campos

 

Así lo considera la Facultad de Cien­cias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que en los últimos años ha estado promo­viendo debates académicos con los parti­dos políticos, agrupaciones políticas y ac­tores de la sociedad civil.

A través de estos encuentros, la acade­mia busca sensibilizar y comprometer a la clase política nacional y toda la socie­dad, para la aprobación de la Ley de Par­tidos y Agrupaciones Políticas, como he­rramienta indispensable para garantizar mayores niveles de organización, demo­cracia interna, la renovación periódica de su dirigencia, y la fiscalización y transpa­rencia en las organizaciones políticas y en los procesos electorales.

En un documento titulado “Hacia un pacto por la calidad de la democracia do­minicana”, el Decano de la FCJP, Anto­nio Medina Calcaño y el director de la Escuela de Ciencias Políticas, maestro Henry Blanco, plantean la urgencia de que la clase política nacional se encami­ne en los próximos días a pactar con la so­ciedad la Ley de Partidos, con miras a ge­nerar un régimen jurídico que reglamen­te los procesos de elección y las activida­des políticas, con el propósito de “garan­tizar y afianzar un cambio sustancial en la democracia interna de las organizacio­nes políticas”.

El planteamiento hace énfasis en el for­talecimiento de los liderazgos políticos al interior de una democracia de ciudadanía que importantice la formación de los ta­lentos y potencialice el cumplimiento de sus deberes y derechos”

En la actual coyuntura política, y sin importar si se trata de un partido de oposi­ción como del oficialismo, tanto los candi­datos a distintas posiciones como los par­tidos políticos deben ponerse de acuerdo para que el país se aboque a la aprobación de leyes y reglas que disminuyan lo que el referido documento plantea como “poten­cial destructivo de los partidos políticos”, y que sirvan como base para el estableci­miento de un sistema democrático en el marco de las libertades para competir de igual por el poder.

Se destaca que el desafío para la demo­cracia dominicana está en la transforma­ción y el cambio de esta deficiente demo­cracia electoral, generando un marco le­gal que garantice una democracia inter­na de calidad en los partidos, una gestión más democrática de las cúpulas, un lide­razgo político con miras a la participa­ción ciudadana, capacitación de los cua­dros políticos y de los lideres; y unas re­glas claras para el financiamiento legal de las campañas.

“El sistema de partidos en República Dominicana, todavía es fuerte y posee es­trechas raíces con la sociedad, nuestros líderes políticos reciben un importante apoyo popular en los procesos electorales. Creemos que estamos a tiempo de evitar que los signos de deterioro que a veces se reflejan en uno que otro partido, se con­viertan en un cáncer profundo que co­rroa las estructuras partidarias y provo­quen el colapso del edificio de la demo­cracia”, concluye el documento.

Sectores demandan aprobación de la ley

En la actual situación post electoral que vive el país, en cuyo proceso fue evi­dente la violación a todas las reglas exis­tentes, tanto los observadores internacio­nales, encabezados por la misión de ob­servadores de la Organización de Esta­dos Americanos, OEA; como el sector empresarial y político del país, recono­cen que lo más conveniente para toda la nación es la aprobación de una ley de Partidos Políticos.

La posición del CONEP

A ese reclamo se unió también el Con­sejo Nacional de la Empresa Privada (CO­NEP), que en rueda de prensa, recono­ció la dificultad observada a lo interno de los partidos para la escogencia de las can­didaturas a distintas posiciones y las difi­cultades y debilidades en la organización y ejecución del proceso electoral.

Lo que plantea el proyecto de ley

El “Proyecto de Ley de Partidos Polí­ticos y Agrupaciones Políticas en la Re­pública Dominicana”, que descansa en el Congreso Nacional, contiene 96 artícu­los, en IX Títulos, en los que se abordan los siguientes aspectos: Los Partidos y Agrupaciones Políticas, Las Normas Es­tatutarias, De la Educación Política y De las Precampañas y Campañas Electorales para Cargos de Elección Popular, del Pa­trimonio y Financiamiento de los Parti­dos Políticos y las Campañas Electorales. Además, del Acceso a los Medios de Co­municación, De la Pérdida de Personería Jurídica de los Partidos y Agrupaciones Políticas; y del Régimen Penal.

Se destaca que una de las bondades de esta ley es que garantizaría una justa y equitativa participación de todos los ac­tores de la contienda. En el artículo 19 del Título I, sección IV, se prohíbe “Favore­cer o privilegiar a determinados candida­tos internos con informaciones de apoyo económico o de cualquier otra naturale­za en detrimento de los derechos de otro u otros candidatos de la misma organi­zación política”.

Más adelante, impide “Despojar de can­didaturas, que hayan sido válidamente ga­nadas en procesos convencionales inter­nos y en Primarias a dirigentes o militan­tes.

En un panel organizado por la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, exper­tos sociólogos exponen sus opiniones so­bre el tema para El Universitario.

Jesús Díaz, Director de la Escuela y uno de los panelistas participantes expo­ne las preocupaciones que desde la acade­mia se manifiestan sobre el tema en cues­tión. Díaz Califica la práctica y los proce­sos políticos como adscritos, en el que se produce una constante renovación de las elites partidarias que restringe la participa­ción y la movilidad social, ya que los parti­dos, tanto los grandes como los pequeños, funcionan como corporaciones familiares.

Leopoldo Artiles, reconocido investiga­dor social asegura que el sistema de parti­dos está permeado por el predominio del clientelismo en el quehacer práctico de sus principales actores, lo “que ha devenido en violaciones constantes de sus propias re­glas y de las leyes que rigen la materia va­loran la democracia”.

Para el sociólogo, se requiere instau­rar nueva legislación electoral, la que de­ba contener la implementación de pro­gramas especiales encaminados a fomen­tar y promover el valor y el poder de elegir.

Otra de la iniciativa que según Artiles, deben plasmarse en una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y Régimen Elec­toral, sería limitar el arrastre en todos los niveles, desde regidores hasta senadores, donde todos y todas sean elegidos por los ciudadanos de manera directa.

Para el sociólogo y profesor Wilson Castillo, el aspecto fundamental está en la falta de institucionalidad para el cum­plimiento de las normas y en la falta de fis­calización de los procesos en materia elec­toral. Plantea que en una nueva legislación en materia electoral y de partidos y agru­paciones políticas urge la necesidad de re­gular el uso de los recursos en las campaña electorales, sin importar su procedencia.

Castillo considera impostergable la re­glamentación para eliminar la desigual­dad en la promoción y la publicidad en los procesos electorales, en el que se apliquen las reglas que propicien justicia y equidad en la práctica de los actores, y que se creen mecanismos efectivos de control.

Para el sociólogo e investigador Rafael Durán, el problema que arrastra la falta de regulación y sus efectos en la vida políti­ca nacional, está marcado por cinco ele­mentos básicos que deben ser regulados en la legislación electoral y de los parti­dos en el país:

“La nueva legislación del ejercicio po­lítico en República Dominicana debe em­pezar estableciendo un sistema especial de Primarias de los partidos, en el que se defi­nan con claridad los espacios, los tiempos y las reglamentaciones internas de los parti­dos, garantizados por la supervisión direc­ta del organismo electoral”, detalla Durán.

Uno de los elementos fundamentales que debe contener una nueva reglamen­tación del ejercicio y las acciones políti­cas, es un tope en los gastos de campaña, y un riguroso seguimiento de este capítu­lo”. Para Durán es necesario establecer al­gún tipo de medida para regularizar la par­ticipación de los actores políticos, en fun­ción del transfuguismo.

Una nueva legislación debe obligar a los partidos políticos a tener escuelas de forma­ción y educación política a sus militancias.

Esas regulaciones deberán estar funda­mentadas por un régimen de consecuen­cias como única forma de garantizar que se respeten las reglamentaciones.

El proyecto recoge también las reglamentaciones sobre la Renovación Interna de los Partidos, la Formación Política y Adiestramiento Técnico de sus miembros, la Regulación durante los procesos electorales y otros aspectos orientados a fortalecer el sistema democrático de todo el engranaje electoral.

En un panel organizado por la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, expertos sociólogos exponen sus opiniones sobre el tema para El Universitario.

PLANTEAMIENTO DE LA OEA

“Luego de un profundo análisis del marco legal para estas elecciones y del trabajo de campo realizado por los expertos en materia de organización y tec­nología electoral, participación 3 equitativa de hombres y mujeres, financia­miento de campañas, acceso a los medios de comunicación y justicia electoral, la Misión reitera la importancia de que se realice una reforma estructural pro­funda al marco legal que rige el proceso electoral”, señala el informe presenta­do por la misión, encabezada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana.